En noviembre de 2007, el Congreso aprobó la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma establece una moratoria a todos los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial para delimitar en qué zonas pueden realizarse talas. Además ordena al parlamento crear un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación. Sin embargo, en estos dos años el desmonte se redujo en un 60% y el presupuesto de 2010 no cumple con lo pautado en la ley de bosques.
El desmonte se transformó en emergencia forestal cuando la soja transgénica lo inundó todo. La resistencia del “yuyo” a condiciones ambientales adversas comenzó a correr la frontera agrícola. Un buen ejemplo es la provincia del Chaco que perdió cerca del 85% de sus bosques de quebracho. Cuando luego de las inundaciones en la localidad salteña de Tartagal, Cristina Fernández reglamento un año tarde la ley 26331, muchos creyeron que la tala y la quema sin planificación se detendrían.
A dos años de la sanción de la ley, la situación mejoró parcialmente. Sólo 6 provincias - Santiago del Estero, Salta, Chaco, Santa Fe, Jujuy y Corrientes, estas tres últimas aún no reglamentaron la norma- avanzaron con el Ordenamiento Territorial que impone restricciones a la tala de los bosques nativos. Desde la reforma constitucional de 1994, administrar los recursos naturales es responsabilidad de los gobiernos provinciales.
Pero más allá de la moratoria, la tala sigue. Según un relevamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el 40% de los bosques nativos todavía sufren el avance de las topadoras. El coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, denunció que “lo que hay son algunos desmontes ilegales por la falta de controles y por otro lado hay otros que se producen porque fueron autorizados previo a la sanción de la ley, entonces esos permisos continúan vigentes”.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero es una de las organizaciones que enfrentaron y sufrieron el corrimiento de la frontera agropecuaria. Nica González suena escéptico cuando habla de la ley de bosques: “Previo a la sanción, los desmontes se profundizaron. Antes de que viniera el freno, se adelantaron los sojeros. Después de haberse sancionado, nunca tuvo vigencia. No tuvo una incidencia importante que se pueda destacar”.
Hace un mes, la Argentina fue sede del Congreso Mundial Forestal. Un evento que reúne a empresarios madereros, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y estados nacionales. Eduardo Sánchez de la ONG Amigos de la Tierra participó de las protestas contra la conferencia y frente a la Rural afirmó que “están plantando árboles para sus negocios y nosotros lo que estamos proponiendo es un uso de la tierra para sembrar comida. El eucalipto no se come, el pino no se come”. Adentro del Congreso, la Argentina expresaba su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, en particular los bosques nativos tan apreciados por los sojeros y las compañías madereras. Por esos mismos días, la Cámara de Diputados aprobaba el presupuesto 2010 para la administración pública nacional.
La ley 26331 establece una partida del 0,3% y del 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos para compensar a las provincias que conserven sus montes. Para 2010, ese monto debería rondar los 820 millones de pesos de los 273 mil millones que el Estado nacional prevé gastar el año que viene. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada en Diputados establece 300 millones de pesos “como máximo”. Según Hernán Giardini de Greenpeace “es preocupante que para el año que viene no haya una partida realmente fuerte para el tema bosques nativos. Hay un incumplimiento por parte del parlamento y del Estado porque le está dando menos recursos de los que le correspondería”.
Entre 2002 y 2007, desaparecieron en la Argentina más de 1 millón cien mil hectáreas de bosques nativos para destinar a la agricultura, sobre todo al cultivo de soja y, en menor medida, a la ganadería. Si bien la ley de bosques aprobada hace dos años es una herramienta que intenta frenar el desmonte, parecería que no alcanza. En este sentido, Nica González del MOCASE sentencia que “el soporte para frenar el avance de la frontera agropecuaria, es facilitarle el camino a la agricultura familiar. Mientras las familias campesinas no tengan los recursos, es muy difícil detener lo otro que avanza implacablemente”.
El desmonte se transformó en emergencia forestal cuando la soja transgénica lo inundó todo. La resistencia del “yuyo” a condiciones ambientales adversas comenzó a correr la frontera agrícola. Un buen ejemplo es la provincia del Chaco que perdió cerca del 85% de sus bosques de quebracho. Cuando luego de las inundaciones en la localidad salteña de Tartagal, Cristina Fernández reglamento un año tarde la ley 26331, muchos creyeron que la tala y la quema sin planificación se detendrían.
A dos años de la sanción de la ley, la situación mejoró parcialmente. Sólo 6 provincias - Santiago del Estero, Salta, Chaco, Santa Fe, Jujuy y Corrientes, estas tres últimas aún no reglamentaron la norma- avanzaron con el Ordenamiento Territorial que impone restricciones a la tala de los bosques nativos. Desde la reforma constitucional de 1994, administrar los recursos naturales es responsabilidad de los gobiernos provinciales.
Pero más allá de la moratoria, la tala sigue. Según un relevamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el 40% de los bosques nativos todavía sufren el avance de las topadoras. El coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, denunció que “lo que hay son algunos desmontes ilegales por la falta de controles y por otro lado hay otros que se producen porque fueron autorizados previo a la sanción de la ley, entonces esos permisos continúan vigentes”.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero es una de las organizaciones que enfrentaron y sufrieron el corrimiento de la frontera agropecuaria. Nica González suena escéptico cuando habla de la ley de bosques: “Previo a la sanción, los desmontes se profundizaron. Antes de que viniera el freno, se adelantaron los sojeros. Después de haberse sancionado, nunca tuvo vigencia. No tuvo una incidencia importante que se pueda destacar”.
Hace un mes, la Argentina fue sede del Congreso Mundial Forestal. Un evento que reúne a empresarios madereros, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y estados nacionales. Eduardo Sánchez de la ONG Amigos de la Tierra participó de las protestas contra la conferencia y frente a la Rural afirmó que “están plantando árboles para sus negocios y nosotros lo que estamos proponiendo es un uso de la tierra para sembrar comida. El eucalipto no se come, el pino no se come”. Adentro del Congreso, la Argentina expresaba su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, en particular los bosques nativos tan apreciados por los sojeros y las compañías madereras. Por esos mismos días, la Cámara de Diputados aprobaba el presupuesto 2010 para la administración pública nacional.
La ley 26331 establece una partida del 0,3% y del 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos para compensar a las provincias que conserven sus montes. Para 2010, ese monto debería rondar los 820 millones de pesos de los 273 mil millones que el Estado nacional prevé gastar el año que viene. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada en Diputados establece 300 millones de pesos “como máximo”. Según Hernán Giardini de Greenpeace “es preocupante que para el año que viene no haya una partida realmente fuerte para el tema bosques nativos. Hay un incumplimiento por parte del parlamento y del Estado porque le está dando menos recursos de los que le correspondería”.
Entre 2002 y 2007, desaparecieron en la Argentina más de 1 millón cien mil hectáreas de bosques nativos para destinar a la agricultura, sobre todo al cultivo de soja y, en menor medida, a la ganadería. Si bien la ley de bosques aprobada hace dos años es una herramienta que intenta frenar el desmonte, parecería que no alcanza. En este sentido, Nica González del MOCASE sentencia que “el soporte para frenar el avance de la frontera agropecuaria, es facilitarle el camino a la agricultura familiar. Mientras las familias campesinas no tengan los recursos, es muy difícil detener lo otro que avanza implacablemente”.
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Gracias por la info que están dando.Ya no se sabe en quién confiar. Green Peace dice proteger el medio ambiente y van al Congreso de Forestación Mundial. Es una verguenza que en vez de estar con las ONG que marcharon en contra de la sojización, hayan estado adentro de La Rural codeandose con los grandes latifundistas mundiales.
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