Por Pablo SartiranaA dos años de sancionada la ley nacional para la preservación de bosques nativos, el diputado Miguel Bonasso explica por qué el Gobierno nacional y las provincias todavía la cumplen a medias.
“Necesitamos gente idónea en la Secretaría de Ambiente, no a Homero Bibiloni quien trabajó para una empresa que contaminaba las cuencas de agua”, dispara el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Miguel Bonasso. Su estilo frontal y verborrágico lo pusieron muchas veces en la vereda de enfrente de las políticas oficialistas en materia de medio ambiente.
Desde la sanción en 2007 de la llamada Ley de Bosques (conocida también como “Ley Bonasso”), la falta de especificaciones técnicas y presupuestarias, han dejado un vacío legal que favoreció la desidia de los gobernadores provinciales y del propio Gobierno nacional para con la preservación de los bosques nativos.
Bonasso, quien actualmente preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, asegura que la Ley no necesita modificaciones, sino una “voluntad política” que la acompañe.
- ¿Hubo un cambio real en la política ambiental?
Desde el punto de vista de la efectividad de la Ley, faltan cosas. Sólo algunas provincias cumplen los preceptos fundamentales sobre qué bosques deben ser tocados y cómo. Y hablo de tala parcial y no de las barbaridades que se hicieron en Salta bajo la administración de Romero, quien autorizó en 2007 la tala de 478 mil hectáreas de bosques nativos, lo que prácticamente significó un “Ecocidio”. También es cierto que el Gobierno se demoró catorce meses en promulgar el decreto de reglamentación, luego de la tragedia de Tartagal, que fue un alud consecuencia de la deforestación indiscriminada.
- ¿Hasta dónde se verifica el compromiso del Gobierno para con la Ley de Bosques?
- Hay falta de voluntad política. Durante la votación del presupuesto de 2009, lo increpé al entonces Jefe de Gabinete, Sergio Massa, porque no había una partida presupuestaria para la Ley de Bosques ¡Y tampoco la hubo en el presupuesto de 2010! Sólo se asignó por decreto una partida miserable de 97 millones de pesos. No es serio. No existe una política ambiental. La Ley de Bosques sigue sin existir en el presupuesto nacional.
- A pesar de las restricciones que impone la Ley, El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denuncia que sigue habiendo tala ilegal. Mi pregunta es: ¿Quién debería controlar a los deforestadores? ¿La Secretaría de Medio Ambiente o las provincias?
La Secretaría de Medio Ambiente sólo está para hacer cumplir el presupuesto mínimo. La Constitución Nacional dice que los recursos naturales de las provincias pertenecen a las provincias. Este aparente federalismo es, en realidad, un feudalismo. Las denuncias del MOCASE son rigurosamente ciertas. No sólo ellos, sino muchos otros movimientos campesinos e indígenas son asediados por la nueva política maderera y “sojera”.
- ¿Qué aplicaciones faltan para lograr que la Ley sea exitosa?
- Falta que las provincias que aún no lo han hecho, voten las correspondientes leyes para el Ordenamiento Territorial y pongan fin a la tala indiscriminada. En segundo lugar, que hagan un inventario de los bosques nativos que quedan y negocien con los productores para lograr una explotación racional de estos recursos. Y tercero y principal, que se incluya la Ley de Bosques en el presupuesto nacional. Todo esto está contemplado en la ley actual, no necesitamos una nueva.
- ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados para recuperar la iniciativa?
- Hay herramientas para frenar la deforestación y fomentar la reforestación. Igualmente, esto hay que tomarlo con pinzas: se tala un quebracho de más de cien años y se lo reemplaza por un deleznable pino maderable, que en cinco años lo van a aserrar. Y ciertos sectores se amparan en decir que un diputado de la Ciudad no debería meterse en las decisiones de las provincias. Esto no es así. Nosotros somos legisladores nacionales y tenemos la obligación de preservar los recursos de toda la nación.
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